Más pruebas de los problemas del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE

Más pruebas de los problemas del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE

En el Reino Unido se teme que Tata Steel pueda cerrar sus operaciones, lo que conllevaría graves recortes de empleo y trastornos económicos. Desde otro punto de vista, Arthur Neslen escribe en The Guardian que la empresa se ha beneficiado de más de 700 millones de libras esterlinas en derechos de emisión y compensaciones, según un análisis de los datos del régimen de comercio de derechos de emisión. Esta no es una historia que se refiera simplemente a Tata Steel. Lea el artículo y vea cuántos otros se han beneficiado.

Tata Steel se ha beneficiado de las políticas climáticas de la UE, según los estudios

Ninguna otra empresa británica se ha beneficiado tanto del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE como Tata Steel, según un reciente informe de la consultora CTDelft. Y no es la única: sólo las empresas de un país, Alemania, recibieron más de los 3.000 millones de euros que se embolsaron las empresas británicas gracias al régimen de comercio de derechos de emisión entre 2008 y 2014.

Sin embargo, el presidente de Tata Steel, Theo Henrar, argumentó que el RCCDE ponía a su acería de Port Talbot en "desventaja competitiva", porque sus rivales extranjeros no estaban sometidos a normas medioambientales tan estrictas.

Los ecologistas, enfurecidos, han replicado con estudios realizados por consultoras independientes y analistas de mercado que demuestran que, desde 2008, Tata se ha beneficiado de más de 700 millones de libras del RCCDE en concepto de derechos de emisión gratuitos, compensaciones y beneficios imprevistos repercutidos a los consumidores.

Antes de que el acuerdo climático de París obligara a todos los países a reducir sus emisiones, el argumento a favor de las medidas de "fuga de carbono" -compensaciones para evitar que las empresas trasladen sus negocios a otras partes del mundo debido a las políticas climáticas de Europa- parecía sólido. La idea de que los fabricantes de acero europeos más limpios podrían verse obligados a emigrar para poder competir parecía de sentido común.

Pero uno de los problemas a los que se enfrentó la Comisión Europea para apoyar la compensación fue la falta de pruebas de que esa fuga se hubiera producido alguna vez, según sus propios estudios. Un informe de la OCDE del mes pasado fue el último en concluir que "el endurecimiento de las leyes medioambientales no perjudica la competitividad de las exportaciones".

En la práctica, el exceso de derechos de emisión de carbono gratuitos en el marco del RCCDE -que costó al Reino Unido 13.000 millones de libras en ingresos perdidos- ha funcionado menos como una protección comercial y más como una subvención no declarada, o una exención fiscal. Pero los costes de la mano de obra en el Reino Unido son unas 20 veces superiores a los de China y, a pesar de las dádivas del ETS, las importaciones de acero barato chino a Gran Bretaña se duplicaron con creces en 2014. Las investigaciones sugieren que las subvenciones a los contaminadores no se gastaron, en su mayor parte, en innovación o investigación.

Sharan Burrow, secretario general de la Confederación Sindical Internacional y comisario de Nueva Energía Climática, se quejó de que las dádivas también agotaron fondos que podrían haber permitido una transición energética más justa. "Las empresas deben aceptar [que] la transformación industrial es esencial para estabilizar el planeta y dejar de exigir que les den gato por liebre", dijo. "Merece la pena ahorrar miles de millones de dólares que pueden utilizarse para apoyar una transición justa para los trabajadores de los combustibles fósiles e invertir en la renovación de las comunidades vulnerables".

Las salvaguardias para estas comunidades en lugares como Port Talbot no ocupaban un lugar destacado en la agenda de las instituciones de la UE -o de los ecologistas- cuando el debate sobre las fugas de carbono se desató en Bruselas. Pero es probable que vuelvan a aparecer cuando se examine la propuesta de compra de Port Talbot por parte del grupo Liberty de Sanjeev Gupta.

Al parecer, Gupta quiere sustituir el alto horno de oxígeno de Port Talbot por un horno de arco eléctrico. Los hornos de arco son plantas siderúrgicas secundarias. Reciclan la chatarra de acero que ya se ha fabricado, y utilizan electricidad en lugar de carbón o gas para alimentar su proceso de producción. Fuentes de la industria afirman que estas plantas -que representan alrededor del 40% de la capacidad europea- suelen producir casi cinco veces menos CO2 que los altos hornos.

Si los planes de Gupta de alimentar un horno de arco en Port Talbot con energía renovable se hacen realidad, sus emisiones de gases de efecto invernadero podrían reducirse considerablemente. El blog Carbon Commentary calcula que el cambio de los altos hornos a los de arco eléctrico ahorraría más de tres toneladas de CO2 por cada tonelada de acero.

Para los trabajadores del acero, sin embargo, esto sería una bendición mixta, ya que los hornos de arco emplean a muchas menos personas. Los beneficios podrían aumentar gracias al recorte de las pensiones, pero las comunidades también quedarían devastadas por los despidos masivos. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión de la "transición justa" de quién pagará la revolución energética con bajas emisiones de carbono.

El cierre de la industria minera británica puede haber sido un momento decisivo para el "conservadurismo verde", aunque con un terrible coste humano. Pero la cuestión, cuando el modelo de "los mercados primero" se extiende al acero, es por qué los empresarios deben estar protegidos de su lógica cuando sus trabajadores no lo están.