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¿Está en marcha una revolución energética en Chile?
Resumen
Hace cinco años, Chile generaba solo el 5% de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Este porcentaje se ha más que triplicado en los últimos años, alcanzando el 18% en mayo de 2018. Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo de las energías renovables, incluyendo más de 1865.000 MW para proyectos eólicos, solares e hidráulicos. El desierto de Atacama tiene unos de los niveles de radiación solar más altos del mundo. Las cooperativas de generación de energía son casi inexistentes en Chile. No hay políticas públicas adecuadas ni incentivos, por ejemplo, tarifas de alimentación y medición neta. Pero no es oro todo lo que reluce
no es oro, dice Maximiliano Proaño, que afirma: "No es oro. Es hora de pensar en una verdadera revolución energética'
Es hora de pensar en una verdadera revolución energética", afirma Maximiliano Proaño.
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¿Está en marcha una revolución energética en Chile?
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La cuota de energía renovable en Chile se ha triplicado en los últimos cinco años. Maximiliano Proaño analiza la política que hay detrás de este enorme crecimiento y el camino que queda por recorrer.
En mayo, el ex ministro de Energía de Chile, Máximo Pacheco, presentó su libro titulado "La revolución energética en Chile", un resumen de la política energética del país entre 2014 y 2018. Si bien es cierto que durante este periodo se produjeron importantes avances, aún quedan muchos temas por resolver antes de hablar de una verdadera revolución energética.
El sector energético chileno ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Hace cinco años, Chile generaba sólo el 5% de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Este porcentaje se ha más que triplicado en los últimos años, alcanzando el 18% en mayo de 2018. Esto excluye las grandes centrales hidroeléctricas de más de 20 megavatios.
Antes de 2014, el contexto energético chileno era complejo: estaba muy afectado por la interrupción del suministro de gas desde Argentina, así como por los graves y largos períodos de sequía. Además, era difícil otorgar los permisos ambientales y había oposición ciudadana a los proyectos de grandes centrales, así como pocos cambios en el lado de la generación, y escasa inversión en infraestructura tanto en el área de generación como de transmisión de energía.
En 2013, los precios promedio del mercado de las dos mayores conexiones de la red, el Sistema Interconectado Central (SIC) ascendía a aproximadamente 112 dólares/MWh, mientras que en el Sistema Interconectado Central del Norte Grande (SING), alcanzaba los 108 dólares/MWh. Desde noviembre de 2017, el SIC y el SING están interconectados como Sistema Eléctrico Nacional, SEN. Así, la industria chilena enfrentó uno de los precios de electricidad más altos de toda América Latina.
En cambio, en mayo de 2018, el 18% de la electricidad chilena fue generada por energías renovables equivalente a 4134 MW. El desglose de ese porcentaje es: 8% solar fotovoltaica, 6% eólica terrestre, 2% biomasa y 2% pequeñas centrales hidroeléctricas (menos de 20 MW).
Además, las subastas de energía obtuvieron en 2017 un precio un 75% inferior al de 2013, con un precio medio de 32,5 MWh. Este rápido crecimiento en el uso de las energías renovables es lo que han celebrado tanto las agencias energéticas como la prensa internacional y líderes ecologistas como Al Gore, que lo definió como una gran política.
¿Cuáles son las razones de este crecimiento masivo?
Los precios: Según el informe de IRENA "Renewable Power Generation Costs in 2017", los costes instalados de los proyectos de energía solar fotovoltaica a escala de servicios públicos cayeron un 68% (73% con la metodología LCoE) entre 2010 y 2017. Los costes totales instalados de los proyectos de ESTC de nueva puesta en marcha cayeron un 27% (33% con la metodología LCoE) entre 2010 y 2017. Los costes instalados de los proyectos eólicos terrestres de nueva puesta en marcha cayeron un 20% (22% con la metodología LCoE). En el caso de la energía eólica marina, los costes totales instalados disminuyeron un 2% (13% con la metodología LCoE) durante el mismo periodo.
Potencial solar y eólico: Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo de las energías renovables, incluyendo más de 1865000 MW para proyectos eólicos, solares e hidráulicos. El desierto de Atacama tiene uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo.
Una política pública: El gobierno chileno ha desarrollado una política pública energética a largo plazo, la Agenda Energética 2050. Fue presentada en 2014 e incluye objetivos, un nuevo papel para el sector público, un impuesto sobre el CO2 y una abundante agenda legislativa.
Subastas: La estructura de subastas chilena ha sido calificada como una maravilla de la creatividad. Se separaron en dos bloques definidos por el tiempo: por hora y por trimestre. Aunque la subasta es oficialmente neutral desde el punto de vista tecnológico, está configurada de forma que favorece a determinadas tecnologías, sobre todo a la solar (en el bloque de 24 horas segmentado por horas), así como a la hidroeléctrica y la eólica (en los bloques trimestrales ajustados estacionalmente). Permite a las tecnologías intermitentes maximizar su potencial sin tener que incorporar un componente de almacenamiento todavía caro.
El rápido despliegue de las energías renovables tiene sin duda varios efectos positivos, especialmente la lucha contra el cambio climático y el aumento de la seguridad energética. Pero no es oro todo lo que reluce.
Los cambios institucionales para el sector energético en Chile, como las subastas de energía, se dirigieron sólo a las grandes empresas. Mientras que la capacidad instalada del sistema eléctrico chileno es de 22531 MW, la energía distribuida -a través de un sistema de facturación neta- era sólo de 18,3 MW en mayo de 2018.
Las cooperativas de generación de energía son casi inexistentes en Chile. Las principales razones por las que el despliegue de las energías renovables ha sido tan difícil en Chile y no se ha traducido en una mayor participación ciudadana se deben a que no existen políticas públicas adecuadas ni incentivos, por ejemplo, sistemas de feed-in tariffs y net metering. También falta una regulación específica para las cooperativas de energía que fomente su fundación y funcionamiento.
Además, Chile sigue retrasado en el cumplimiento de su objetivo de eficiencia energética como parte de la Agenda Energética 2050. El gobierno no ha presentado iniciativas de ley para abordar este tema, sin logros relevantes en la materia. En primer lugar, en el marco de la meta 20/25, la Agenda Energética 2050 considera que en 2025 un conjunto de medidas permitirán reducir en un 20% nuestro consumo de energía en comparación con el consumo energético estimado en una situación similar sin estas medidas.
Sin embargo, desde su introducción en 2014, la meta 20/25 nunca ha sido realmente monitoreada, careciendo de una visión de la supuesta reducción del consumo energético chileno. Otro anuncio importante fue la meta de eficiencia energética traducida a política de Estado, también la Ley de Eficiencia Energética. Este proyecto, lamentablemente, nunca fue presentado por el gobierno chileno.
Por lo tanto, es demasiado pronto para decir que Chile ha logrado una revolución energética a lo largo de los últimos años. Mientras que cerca del 66% de la capacidad energética se sigue generando a partir de fuentes fósiles (gas, carbón y diesel), menos del 0,1% de la matriz eléctrica se genera a partir de energía ciudadana, y Chile carece de una política pública exitosa en materia de eficiencia energética.
Es posible que Chile haya iniciado un proceso de transición energética. En ese caso, el foco debe ponerse ahora en la energía ciudadana y la eficiencia energética. Ahora le corresponde al gobierno planificar una política adecuada, y a la sociedad civil exigir el cambio y aprovechar las nuevas oportunidades.
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Sobre el autor
Maximiliano Proaño es abogado y científico social, y actualmente trabaja como asesor parlamentario en temas de energía y medio ambiente. Tiene una amplia experiencia trabajando en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil.